La nueva ley de Simplificación Administrativa, un paso más cerca tras su aprobación
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este jueves el decreto ley de Simplificación Administrativa, una medida clave para mejorar la competitividad, impulsar la actividad empresarial y atraer nuevas inversiones.
El nuevo texto, que tras su aprobación en Consejo de Gobierno será remitido a la Asamblea Regional, integra y refunde las tres iniciativas previas de simplificación aprobadas desde 2014, dando lugar a un texto único que facilita su aplicación y comprensión. Además, establece un nuevo modelo de gestión pública basado en la agilidad, la digitalización y la transparencia.
La consejera de Empresa, Marisa López Aragón, destacó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que “esta ley es una respuesta directa a lo que las empresas nos reclaman, que no es otra que continuar avanzando en la reducción de cargas burocráticas que lastran el crecimiento. Es una apuesta por la economía real, la inversión y el empleo”.
Entre las principales medidas prácticas que contempla la ley, destacan el silencio administrativo positivo como regla general, que permite que si la Administración no contesta en plazo, la solicitud se entiende estimada, lo que acelera procesos y genera confianza para invertir; declaraciones responsables en lugar de autorizaciones para múltiples procedimientos, lo que permite a las empresas comenzar actividades más rápidamente sin esperar autorizaciones previas.
En el caso concreto del sector comercial, se amplía la posibilidad de acogerse a esta fórmula, ya que hasta ahora solo podían hacerlo los comercios minoristas ubicados en locales con una superficie útil de exposición y venta inferior a 300 metros cuadrados. Con la nueva ley, este límite se amplía hasta los 1.000 metros cuadrados, facilitando así la apertura de nuevos negocios.
Además, otra novedad es la declaración responsable sustitutiva como medio para acreditar el cumplimiento de requisitos, sin necesidad de aportar documentos.
Esta herramienta, unida a la Carpeta Empresarial, punto único digital para la relación con la Administración, va a suponer que los ciudadanos de la Región de Murcia dejen de presentar más de un millón de documentos a la Administración regional, con un ahorro estimado para los mismos de seis millones de euros en tiempo y gestiones.
Otra medida es la simultaneidad de informes, facilitando que todos los necesarios en un procedimiento se emitan al mismo tiempo, en lugar de en cadena, lo que reduce drásticamente los plazos.
El texto aprobado este jueves también incluye la figura de las entidades o técnicos colaboradores de certificación, que podrán verificar y certificar requisitos legalmente exigidos. Entre las novedades también se encuentra una nueva licencia básica en urbanismo, que junto con la simplificación de trámites ambientales y patrimoniales acelerará la construcción de vivienda y atraerá inversiones.
También se recoge una medida importante en el ámbito del turismo, ya que se impulsa la actividad hotelera, compatibilizando el uso hotelero con el suelo residencial, “facilitando así nuevas inversiones en el sector”.
Además, existirá la compensación de cargas administrativas en el ámbito autonómico, que permite que si se impone una nueva obligación para las empresas se elimine otra de coste equivalente, “asegurando que no aumente el peso burocrático”, según destacó la consejera.
Por otro lado, López Aragón explicó que “en línea con el principio de buena regulación, la ley contempla la derogación expresa de normas, leyes y decretos, contribuyendo así a depurar el ordenamiento jurídico regional y reforzar la seguridad jurídica”.
Marisa López: “Simplificación no es desproteger”
La consejera subrayó además que “simplificar no significa desproteger. Al contrario, un sistema más ágil y transparente protege mejor a los ciudadanos y a las empresas, al reducir la incertidumbre y garantizar controles más eficaces. Los estándares de calidad, de seguridad, medioambientales y de protección de derechos se mantienen íntegramente”. “Los mecanismos de control no solo permanecen, sino que en muchos casos se refuerzan gracias al uso de herramientas digitales y a una mayor trazabilidad de los procedimientos”, añadió.
En este sentido, López Aragón explicó que la norma contempla un artículo de sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros en el caso de faltas muy graves vinculadas a las entidades colaboradoras de certificación, o hasta los 300.000 euros en el caso de faltas muy graves relacionadas con las declaraciones responsables y comunicaciones previas.
Asimismo, indicó que la Ley de Simplificación ya está teniendo resultados concretos. Por ejemplo, en un proyecto de ampliación de capacidad de producción de aceites renovables, la coordinación entre administraciones permitió reducir los plazos de tramitación en más de un 50%, resolviéndose en solo nueve meses. En las plantas solares fotovoltaicas, la simplificación normativa ha supuesto un ahorro de hasta nueve meses en la tramitación, facilitando inversiones por más de 500 millones de euros. En el caso de una residencia para personas mayores, la exclusión de trámites innecesarios aceleró el proyecto en hasta 24 meses.
Por último, la consejera subrayó que la nueva Ley de Simplificación “ha sido consensuada con la patronal CROEM y cuenta con el aval de una amplia experiencia normativa en la Región”. “Supone un paso decisivo en la modernización del funcionamiento administrativo, con impacto directo en la mejora de la competitividad regional y la atracción de inversiones productivas”.
“El objetivo de esta norma es claro, que lo ciudadanos, los autónomos y los empresarios puedan destinar menos tiempo y recursos a la burocracia y más a la creación de empleo y riqueza en la Región de Murcia”, concluyó la consejera.
CROEM valora positivamente la aprobación de la Ley e insiste en su aplicación ágil y efectiva
Por su parte, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) valora de forma muy positiva la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la 4ª Ley de Simplificación Administrativa, una norma demandada por el tejido empresarial regional y construida con la participación directa de CROEM y sus asociaciones.
El texto legal incorpora 63 propuestas elaboradas por la confederación, fruto del trabajo que comenzó en enero de 2024, cuando CROEM impulsó un proceso de consulta con siete asociaciones sectoriales y dos grandes empresas para recopilar propuestas reales desde el tejido productivo. Estas aportaciones se centraron en 12 áreas clave como urbanismo, medio ambiente, industria, energía, agricultura, transporte, ayudas, formación y contratación pública, entre otras.
Para CROEM, esta nueva ley supone un avance real para reducir burocracia, agilizar trámites y reforzar la seguridad jurídica de las empresas, con especial impacto en pymes, autónomos y sectores especialmente afectados por la lentitud y complejidad administrativa.
Tras su aprobación en Consejo de Gobierno, la ley pasará ahora a la Asamblea Regional para su tramitación parlamentaria. En este sentido, el presidente de CROEM, Miguel López Abad, subraya que “esperamos que ningún grupo parlamentario vote en contra, porque eso sería votar en contra de los empresarios de esta Región, que lo único que piden es agilidad, claridad y menos obstáculos para poder trabajar y crecer”.
Entre los elementos más destacados de la norma se encuentran:
· El silencio administrativo positivo, que permitirá a las empresas continuar con sus proyectos si no hay respuesta en plazo por parte de la administración.
· Bonificaciones del 100 % en tasas regionales para iniciativas vinculadas a sostenibilidad y economía circular.
· La posibilidad de que entidades colaboradoras aceleren licencias mediante certificaciones técnicas que sustituyan informes administrativos.
· La creación de un 'Libro Blanco de Urbanismo' para unificar criterios en todos los municipios de la Región.
· Una sede electrónica más eficiente, que facilite devoluciones y autorice a asociaciones empresariales a representar a micropymes sin necesidad de apoderamientos formales.
Desde CROEM se insiste en que la ley debe implantarse de forma inmediata, efectiva y coordinada, para que sus beneficios se perciban de manera tangible en el día a día de las empresas.