La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de la Región de Murcia, la asignación para 2026 será de 35,2 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 308 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la Región.
Igualmente, triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.
Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.
En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.
La Comunidad estudia recurrir el nuevo Plan estatal de Vivienda cuya cofinanciación cuestiona el Consejo de Estado
El Ejecutivo regional estudia recurrir parte del nuevo Plan estatal de Vivienda 2026-2030, en base al dictamen del Consejo de Estado que advierte que “la obligación de cofinanciación impuesta por el Gobierno central puede suponer una injerencia excesiva en las competencias autonómicas”.
Así lo anunció este juves en Madrid el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante la reunión Conferencia Sectorial de Vivienda, donde mostró su desacuerdo tanto “en el fondo como en la forma” del nuevo plan estatal aprobado por el Consejo de Ministros “que exige más gasto a las comunidades para imponer unas medidas fallidas al tiempo que limita su autonomía, precisamente en un momento en el que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles”.
“Estamos de acuerdo con el reparto del 4,4% de los fondos del plan, que corresponde a la Región de Murcia, pero es del todo desproporcionado que pasemos a cofinanciar de un 20 a un 40%”, criticó el responsable regional y calificó esta imposición de “un nuevo yo invito y tú pagas, al multiplicar exponencialmente la aportación autonómica, con la peor infrafinanciación autonómica que padecemos, y cargando ese sobrecoste sobre los ciudadanos de la Región de Murcia, que recordemos que ya pagan con sus impuestos la parte estatal”.
Asimismo, reprochó la tardanza y falta de transparencia del Ministerio porque “el texto definitivo aprobado en Consejo de Ministros no lo hemos conocido con anterioridad, con lo que el Ministerio ha vuelto a actuar de forma unilateral, apurando los plazos con un plan que llega con más de un año de retraso y que convierte 2026 en un año prácticamente perdido para la aplicación efectiva de las medidas, para después responsabilizar a las comunidades de cualquier demora en su puesta en marcha”.
Además, el consejero advirtió de que el nuevo plan “intenta imponer la obligatoriedad de la protección permanente de la vivienda, pese a que el Tribunal Constitucional ya cuestionó este extremo con motivo de los recursos contra la Ley de Vivienda”. García Montoro explicó que el propio dictamen del Consejo de Estado señala que la mayoría de normativas autonómicas establecen plazos amplios de protección, pero no permanentes, “por lo que esta exigencia obligaría a modificar legislaciones autonómicas y podría retrasar la ejecución de los convenios y de las actuaciones previstas”.
“El nuevo plan limita la capacidad de gestión de las autonomías al imponer programas uniformes sin atender las necesidades específicas de cada región”, denunció García Montoro, que manifestó a su vez que “las comunidades debemos tener margen para priorizar las actuaciones que mejor respondan a su realidad social y territorial, y este documento va en la dirección contraria, con un marcado carácter intervencionista”. Añadió además que “el Gobierno central “ha convertido este plan en una oportunidad perdida para impulsar medidas útiles que aumenten la oferta de vivienda y faciliten el acceso de jóvenes y familias de rentas medias”.
García Montoro censuró que el Ministerio condicione la transferencia de fondos a requisitos de publicidad institucional y organización de actos públicos. “Es inaceptable supeditar la llegada de recursos a exigencias propagandísticas. Esa utilización partidista de un plan público demuestra que se antepone el autobombo político a la eficacia en la gestión de la vivienda”, aseguró.
