El Gobierno regional organizará una jornada dirigida a los técnicos municipales de urbanismo de los distintos municipios, una vez la Asamblea Regional convalide el Decreto-Ley de Vivienda Asequible, para unificar criterios y conocer las nuevas herramientas urbanísticas, al objeto de que la normativa se pueda aplicar cuanto antes.
Según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico, con esta jornada se quiere favorecer una implantación homogénea en todos los municipios, para agilizar la construcción de vivienda asequible destinada a jóvenes y familias de rentas medias.
Así lo anunció el secretario general de la consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara, durante la jornada sobre vivienda organizada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) el pasado jueves. En ella presentó las principales novedades del decreto, centradas en el nuevo modelo de vivienda protegida asequible, los incentivos para incrementar la oferta residencial y las medidas de simplificación administrativa para agilizar la construcción de viviendas.
“Desde el Gobierno regional queremos contar todos los pormenores de esta norma a las administraciones públicas y al resto de agentes implicados en el desarrollo del decreto, para que puedan poner en marcha cuanto antes las medidas que incorpora”, señaló Lajara.
El secretario general explicó que el decreto es fruto de un proceso participativo en el que se llevó a cabo más de una veintena de reuniones. Además, se llevaron a cabo jornadas divulgativas para promotores, colegios profesionales y técnicos municipales, con el objetivo de difundir las medidas que respondieran a la necesidad urgente de incrementar la oferta de vivienda en la Región de Murcia.
Este decreto amplía el acceso al IVA superreducido del 4% para la adquisición de vivienda protegida de régimen especial, al elevar el límite de renta desde las 2,5 hasta las 5,5 veces el IPREM.
También incorpora, para aumentar la oferta residencial, incentivos que favorecen la participación del sector privado, entre ellos primas de edificabilidad de hasta el 40% en suelo privado y de hasta el 50% en suelo público destinado a vivienda protegida.
La norma impulsa, además, la simplificación administrativa mediante instrumentos como la licencia básica y el Proyecto Unificado Residencial, que permitirán reducir los plazos de tramitación y acelerar la ejecución de nuevas promociones.
