El CES avisa de los efectos de la inflación en las familias de la Región

El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia ha alertado sobre los efectos que está provocando la alta inflación en las familias, que incidirá sobre la situación ya registrada en 2021, donde uno de cada cuatro habitantes de la comunidad se encontraba en una situación de "exclusión moderada o severa".

En las 14 consideraciones al Gobierno regional que incluye la memoria sobre la comunidad en 2021, el CES ha apuntado que, a pesar de que la comunidad murciana soportó mejor la crisis provocada por la pandemia y alcanzar el empleo "máximos históricos", no sale "inmune" de la escalada de precios.

Al respecto, el informe, que ha sido presentado este jueves por el presidente de este órgano consultivo, José Antonio Cobacho, ha advertido de que la inflación absorbe, provocando pérdida de poder adquisitivo, la subida de los salarios regionales, que se sitúan entre los más bajos de España, y las ganancias de los trabajadores por cuenta propia, que no siempre pueden repercutir las subidas de costes en los precios.

Si la pandemia ha acentuado la desigualdad social, el riesgo de que se agrave es mayor dada la coyuntura económica y política actual, ha remarcado el CES. "Empiezan a sonar alamas", ha agregado la memoria antes de emplazar al Gobierno regional y a los ayuntamientos a adoptar medidas como la bonificación del transporte público.

Ante la inflación actual, la prevista y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, el consejo económico ha considerado "oportuno" un pacto de rentas, al tiempo que ha calificado como "oportunidad perdida" la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

En general, el CES ha indicado que afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades entrarían en el terreno de lo factible si el escenario político se caracterizase por una política de pactos y acuerdos, pero ha agregado que, "desgraciadamente", este consenso apenas se consigue entre el Gobierno central y el ejecutivo autonómico.

"La degradación del Mar Menor es un ejemplo de que lo habitual es el enfrentamiento", ha criticado el informe, que compara este comportamiento con el acuerdo entre el Gobierno central y los agentes sociales sobre la reforma laboral, que es una "garantía" de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Como en anteriores memorias, el CES vuelve a censurar la "incapacidad" para consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica, apoyando, mientras tanto, la creación de un fondo extraordinario de nivelación para las comunidades más infrafinanciadas, como la Región de Murcia, y la condonación de la parte de la deuda pública regional que se estime derivada de tal infrafinanciación.

A diferencia de años anteriores, en el informe sobre 2021, el órgano consultivo apoya que esta condonación se desgaje del pacto sobre el nuevo modelo y se aborde ya por el previsible escenario de alza de tipos de interés derivado de la alta inflación y el endurecimiento de la política monetaria, que aumentarán los intereses que debe abonar el ejecutivo autonómico para atender las obligaciones de la deuda pública autonómica.

Sin embargo, el CES ha recordado que las "actuaciones propias" del ejecutivo autonómico contribuyen a la generación de déficit público, con su consecuente traslado al endeudamiento, apostando por reforzar las actuaciones para combatir el fraude fiscal e, incluso, explorar nuevas vías de tributación, como la de raíz medioambiental.

Respecto al gasto, la memoria ha reflejado que algunas señales presentes aconsejan colocar el objetivo en las desviaciones entre dotaciones y ejecución, habida cuenta de que no se han atenuado las carencias, sobre todo en los sistemas de salud y de atención a la dependencia.

Otras consideraciones realizadas al ejecutivo autonómico apuestan por elaborar una Ley de Cohesión Territorial que minimice el "desequilibrio" entre comarcas, así como la aprobación de un nuevo plan regional de vivienda que atienda a los colectivos con mayor vulnerabilidad, reforzando las actuaciones para el impulso de la vivienda protegida de promoción pública y la oferta de vivienda en alquiler.