Ciudadanos ha defendido la regulación de la práctica de la especialidad de cirugía plástica, reparadora y estética a nivel estatal este miércoles en la Asamblea Regional. El diputado de la formación liberal, Juan José Molina, también ha instado al Gobierno regional a tomar medidas para que no se repita el caso de Sara Gómez, que perdió la vida tras una presunta negligencia en una operación de cirugía estética en un centro hospitalario de la Región.
“Nos parece muy bien que se solicite al Gobierno nacional la regulación de la práctica de la especialidad de cirugía plástica, reparadora y estética. Pero es imprescindible que el Gobierno regional tome también medidas dentro de sus competencias para que el trágico caso de Sara Gómez no vuelva a repetirse nunca”, ha subrayado Molina, que junto a la diputada Ana Martínez Vidal mantuvo una reunión con la familia de la fallecida en la que les mostró su apoyo ante la difícil situación a la que se han tenido que enfrentar.
Así, el diputado ha recordado que en febrero de este año desde Cs presentaron en la Asamblea Regional una pregunta al consejero de Salud para saber si tras este caso se había implantado alguna medida para mejorar la información a los pacientes sobre los riesgos de someterse a procedimientos de cirugía plástica, reparadora y estética y garantizar que el profesional responsable de una operación posee la formación y especialidad necesarias para ello.
La respuesta fue que en todo centro sanitario autorizado hay un certificado editado por la Consejería de Salud que garantiza que está autorizado para la práctica de determinados servicios sanitarios y que el profesional está registrado y con la correspondiente especialidad autorizada. También que cualquier ciudadano puede comprobarlo mediante este letrero del Registro de Establecimientos Sanitarios “RES” que lo señala como centro autorizado.
“Aquí falla algo porque si eso fuera así nadie tendría que preocuparse si ve el cartel de RES y, sin embargo, tenemos un grave problema de intrusismo, de falta de control y de desinformación en la ciudadanía, y eso no lo va a solucionar el gobierno central, eso es responsabilidad suya”, ha destacado.
Molina ha puesto en duda que exista una buena labor de inspección para controlar que cualquier centro que se dedique a servicios sanitarios esté registrado y homologado, es más, duda de que sea obligatorio registrarse, por eso pasa lo que pasa y llegan las desgracias”.
En cuanto a la modificación de presupuestos de la Consejería de Educación, el diputado ha señalado que “puestos a modificar los presupuestos en educación, se deberían subsanar también los errores políticos de ese presupuesto”.
Entre ellos, ha indicado el despido de los profesores de refuerzo covid, la paralización de la Ley de Gratuidad de Libros, la mejora de las infraestructuras escolares o el incremento de las becas comedor “en una región en la que uno de cada tres menores se encuentra en riesgo de pobreza y su sistema de ayudas está siendo un gran fiasco”.
“Si recortan en personal y no invierten en infraestructuras. Si el dinero para el alumnado desfavorecido, para la digitalización y para paliar los efectos de la covid, se reduce, ¿en qué está invirtiendo su dinero la Comunidad Autónoma?”, ha preguntado.
Molina ha lamentado que la Región arrastra un déficit presupuestario en Educación respecto al PIB que no se puede excusar en la infrafinanciación porque hay comunidades con un PIB sensiblemente inferior que destinan más inversiones al sistema educativo.
