Los Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio que dirige Pilar Llop, han firmado el acuerdo este martes 28 de marzo que pone fin a la huelga judicial convocada desde el pasado 24 de enero.
Durante estos dos meses se ha obligados a la suspensión o el aplazamiento de 400.000 juicios y vistas, 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en las cuentas de consignaciones. Solo en la Región de Murcia, se han llegado a suspender 13.904 actuaciones judiciales hasta el pasado 24 de marzo.
Ha sido tal la gravedad de la situación a nivel nacional, que solo en esta última semana de huelga, del 20 al 24 de marzo, se han dejado de celebrar en la Región 563 vistas y juicios señalados, 333 declaraciones y 7 diligencias, según datos recogidos por la Coordinación Provincial de la Secretaría de Gobierno y reflejados en el informe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los grandes perjudicados
No solo los ciudadanos y justiciables se han visto perjudicados por el paro de letrados de la Administración, sino también el resto de profesionales jurídicos que dependen en su totalidad de la celebración de juicios y que por causa de la huelga, han visto reducida considerablemente su actividad laboral.
La huelga supone la paralización de los procesos judiciales sea cual sea su naturaleza. Lleva consigo un grave perjuicio para los justiciables, que no pueden cobrar las cantidades depositadas en las cuentas judiciales y para los propietarios de viviendas que ven cómo se alarga el tiempo de espera para recuperar su vivienda o para que se ejecuten una orden de embargo.
Es el caso de los empresarios, profesionales de la abogacía o de la procuraduría como el Despacho de Procuradores Antonia Moñino en Murcia quien nos ha informado de todo el proceso y que, junto a muchos otros compañeros de profesión, han visto afectado de lleno su trabajo por la falta de juicios y vistas como consecuencia de la huelga que ha paralizado los procedimientos judiciales durante más de 2 meses.
"Al margen del perjuicio generalizado que la huelga ha causado a los ciudadanos, lo procuradores sin duda nos hemos visto afectado de lleno por la suspensión o el aplazamiento de cientos de procedimientos judiciales, ya que nuestra actividad depende casi al 100% de que se celebren estos procedimientos", afirma la procuradora Antonia Moñino. "Nuestro despacho, al igual que muchos otros conocidos, ha visto reducida la actividad casi a cero como consecuencia al parón de la huelga del colectivo judicial, pero por supuesto, hemos seguido con la obligación de pagar mensualmente los colegios de profesionales, cuotas de autónomos, nóminas, alquileres, proveedores y demás cargos".
"Y el problema de la huelga no acaba una vez desconvocada, la previsión es que la justicia en la Región va a sufrir un atasco durante meses, incluso que podrá llegar hasta 2024, hasta lograr volver a la relativa normalidad de antes de la huelga. Será necesario un cierto periodo de tiempo para volver a esa normalidad", aclara Moñino.
El citado informe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia también revela el número de juicios suspendidos en las diferentes jurisdicciones. Durante los 2 meses de huelga, se suspendieron en la Región 1.479 juicios civiles y mercantiles, 1.477 juicios penales, 857 juicios sociales y 701 contenciosos administrativos. Y a su vez, dejaron de practicarse 1.386 trámites en los registros civiles de la comunidad.
Efectos post huelga
La huelga llega a su fin tras 8 semanas de paro, pero la preocupación en el ámbito judicial no acaba aquí. Además del grave perjuicio para los operadores jurídicos como para ciudadanos y justiciables, generará un efecto dominó con retrasos judiciales que se acumularán hasta el 2024.
No se descarta la posibilidad de convocatoria de nuevas huelgas y movilizaciones de sectores profesionales que se encuentran por debajo y que lejos de haber conseguido mejorar sus condiciones laborales, atisban un empeoramiento de su situación derivado del parón judicial.
Los miles de procedimientos suspendidos contribuirán a empeorar la situación de nuestra administración judicial, ya de por sí saturada, hasta en 12 veces más trabajo que en los meses anteriores a la huelga.
