El ayuntamiento de San Javier y la empresa OSS, concesionaria del servicio municipal de emergencias de dicha localidad, mantienen desde hace meses un conflicto que está llegando a los tribunales. La compañía anunció hace unos días en MURCIADIARIO que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de San Javier había abierto diligencias previas contra el concejal de Seguridad y otros trabajadores del consistorio, a los que acusaba de acoso contra la compañía.
El edil acusado, Rubén Pérez, ha negado dichas acusaciones y ha asegurado que "no existe ningún tipo de acoso laboral, únicamente se ha trabajado en pro del control del servicio y en beneficio de los ciudadanos de San Javier".
Además, ha proclamado que "tales acusaciones son producto de la fiscalización y control realizado sobre la empresa y en represalia de las decisiones que consecuentemente se ha adoptado desde el ayuntamiento de San Javier en los últimos meses respecto a la actuación de la empresa".
El edil recordó, asimismo, que, antes de que OSS interpusiera varias denuncias contra el consistorio, éste se personó en la Fiscalía contra la empresa OSS por presunto delito de falsedad continuada en documento público. "No se le ha prorrogado el contrato y en el próximo Pleno se aprobará el acto de lesividad que permita anular la adjudicación de ese contrato", añade.
EL CONTRATO, EN EL AIRE. Según la empresa, el ayuntamiento quiere rescindir el contrato cuanto antes para adjudicarlo a otra compañía y para ello ha empleado lo que considera malas artes. El ayuntamiento, por su parte, admite que quiere dar por finalizado el contrato, pero asegura que el motivo es el escado grado de cumplimiento y satisfacción a los términos y condiciones estipulados.
Parece que todo está encaminado a que este conflicto sea resuelto por los tribunales.
