Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea lograron este martes un acuerdo para poner en marcha un mecanismo que gravará las importaciones producidas con altas emisiones contaminantes para evitar la competencia desleal entre los productores de la UE y aquellos que fabrican en países con legislaciones medioambientales más laxas.
El objetivo es evitar la fuga de carbono, es decir, que las empresas trasladen su producción a Estados más permisivos con las emisiones, y que las importaciones de otros países den al traste con los esfuerzos de la UE en la lucha contra el cambio climático.
«Es un paso adelante absolutamente considerable en el camino de la reducción de emisiones de carbono dentro de nuestras fronteras. Hace años que nuestras industrias y ciudadanos se quejan de que todos los esfuerzos que hacemos son dilapidados por la ausencia de un mecanismo de ajuste de carbono en frontera«, dijo el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, al anunciar el acuerdo.
Solo Polonia se opuso explícitamente al texto adoptado, que fija la posición de los Estados miembros de cara a negociar con el Parlamento Europeo la legislación definitiva.
No obstante, muchos Estados pidieron asegurar que este mecanismo no perjudique la competitividad de las industrias y exportaciones de la UE y es compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio, por lo que llamaron a la Comisión Europea a profundizar en su análisis sobre estos puntos y a revisar el impacto del mismo una vez que esté en marcha.
«Habrá muchos países que puedan reaccionar de distintas maneras a este mecanismo y hay que ver cómo se desarrolla en la práctica. Hay que garantizar que la protección contra el cambio climático no afecta a la industria de exportación«, dijo el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner.
Además, este mecanismo es solo un elemento dentro de un paquete más amplio de medidas propuesto por la Comisión Europea y bautizado como «Fit for 55» para lograr su objetivo climático de reducir las emisiones de efecto invernadero en un 55 % para el 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050.
Por ello los ministros instaron a resolver pronto, incluso antes de empezar a negociar con la Eurocámara, otros dosieres legislativos ligados al mecanismo, en particular, la eliminación progresiva de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión a ciertos sectores económicos conforme estos pasen a estar cubiertos por el mecanismo de ajuste de carbono.
Este punto forma parte de la revisión del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), que negocian los ministros de Energía de los Veintisiete, y está detrás del rechazo a la propuesta por parte de Polonia, que rehúsa acabar con estas asignaciones gratuitas hasta que haya pruebas de la efectividad del nuevo mecanismo.
En este sentido, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, transmitió a los ministros que en «semanas o meses» podría encontrarse una solución para los «problemas» relacionados con el mecanismo sobre los que aún no hay acuerdo político.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos española, Nadia Calviño, destacó durante el debate ministerial el apoyo de España a la propuesta y subrayó que es «fundamental» impulsar la eficiencia energética y la descarbonización de la industria.
Y también que la transición sea «justa» y no ponga a las empresas europeas «en desventaja», por lo que instó a resolver las cuestiones que suscita el mecanismo.
BLOQUEO DEL TIPO MÍNIMO A MULTINACIONALES EN LA UE
Sin embargo y por otra parte, los ministros fueron incapaces de lograr un acuerdo para introducir en el bloque un tipo efectivo mínimo en el impuesto de sociedades del 15 % sobre las multinacionales por las reservas de Suecia, Polonia y Malta.
El expediente trata de trasladar a la legislación comunitaria una parte del acuerdo alcanzado el año pasado en la OCDE y precisamente el principal problema esgrimido por estos tres países es que el proyecto de directiva no recoge aún el otro pilar del pacto: el gravamen específico sobre los gigantes digitales.
La cita del Ecofin llegó con pocas posibilidades de lograr la unanimidad necesaria entre la capitales, al tratarse de una propuesta legislativa del ámbito de la fiscalidad; y eso a pesar de los cambios introducidos por Francia como presidencia de turno de la UE para intentar de salvar las reticencias de algunos Estados miembros.
Otro de los problemas era la fecha de entrada en vigor de la directiva, pero el texto que París llevó a la mesa de los ministros retrasaba la aplicación de la directiva hasta el 1 de diciembre de 2024.
También introducía un matiz sobre otro de los puntos que generan dudas, la llamada regla de inclusión de rentas (RIR, en inglés), que permite gravar los beneficios de una filial en el extranjero si están pagando un tipo en el impuesto de sociedades inferior al mínimo.
Su aplicación sería voluntaria, según el texto francés, durante un periodo de cinco años, un cambio que permitió que Hungría y Estonia levantaran sus reservas sobre el borrador de directiva.
«Seguimos teniendo algunos problemas», dijo a pesar de todo durante la discusión pública la representante de Malta, país que considera esencial que los dos pilares del acuerdo de la OCDE sean tratados como «un paquete».
Una reticencia similar expresó Polonia, mientras que Suecia señaló que, aunque está a favor de «avanzar» con el proyecto, considera que todavía es «demasiado pronto» para cerrar el acuerdo a pesar de los avances introducidos por Francia.
Le Maire, aseguró al término del debate que «si es necesario darse tres semanas», los ministros se darán ese tiempo para conseguir el acuerdo, al tiempo que se mostró confiado que sea posible alcanzar la unanimidad en la reunión del Ecofin de principios de abril.
Por su parte, Calviño fue la primera en tomar la palabra en el intercambio para reiterar el apoyo de España al expediente y resaltar que su aprobación lanzaría «un mensaje muy importante» al mundo de que Europa «quiere tener un sistema justo de fiscalidad internacional».
