El Gobierno ha autorizado 120 proyectos que suman 24.752 megavatios (MW) de potencia solar fotovoltaica a los que ha concedido la declaración de impacto ambiental, más del doble de todo lo instalado actualmente en España, con Murcia en sexto lugar por regiones, con 2.452 MW, a lo que habrá que añadir los proyectos autorizados por las comunidades autónomas.
Según los datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha evaluado los 202 expedientes de su competencia, con una potencia conjunta de 35.879 MW.
De los expedientes recibidos, el Ejecutivo autorizó 154 proyectos solares y eólicos que suman 27.943 MW, de los cuales 132 corresponden a proyectos fotovoltaicos (24.752 MW, el 88 % del total), 20 parques eólicos (2.897 MW) y dos instalaciones híbridas (294 MW).
Actualmente, la potencia fotovoltaica instalada en España alcanza los 19.420 MW, más de 5.000 MW menos que la capacidad autorizada durante las últimas semanas por el Gobierno de esta tecnología, que, de cumplir con todos los trámites necesarios, podría estar en funcionamiento en un plazo de 2-3 años.
Por comunidades, el ministerio ha autorizado 7.379 MW en Castilla y León, 4.647 MW en Madrid, 4.063 MW en Andalucía, 3.671 MW en Castilla-La Mancha, 2.782 MW en la Comunidad Valenciana y 2.452 MW en Murcia.
Además, también ha dado luz verde a proyectos que suman 1.058 MW en Extremadura, 704 MW en Aragón, 656 MW en Galicia, 370 MW en Navarra y 40 MW en el País Vasco.
Por el contrario, el mayor volumen de proyectos rechazados por el ministerio se concentra en Castilla-La Mancha (1.422 MW), Aragón (1.324 MW), Madrid (1.300 MW) y Castilla y León (1.170 MW).
Mientras que la gran mayoría de proyectos fotovoltaicos autorizados se encuentran en Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, el grueso de las plantas eólicas aprobadas están ubicadas en Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana.
En el comunicado, el ministerio explica que a gran parte de los proyectos se les ha concedido el permiso ambiental con "condiciones de obligado cumplimiento", sin cuyo cumplimiento no podrán conseguir el resto de las autorizaciones administrativas de la tramitación.
El pasado 25 de enero terminó el plazo para que cientos de proyectos renovables consiguieran la declaración de impacto ambiental, después de que el Gobierno prorrogada la fecha límite hasta en dos ocasiones por el retraso administrativo acumulado.
De forma genérica, este trámite lo llevan a cabo las comunidades autónomas, salvo en el caso de los proyectos que superan los 50 MW de potencia, que son estudiados por el ministerio.
Está previsto que alrededor de 1 gigavatio (GW) de proyectos decaigan al no haber obtenido la autorización a tiempo, concentrándose los mayores retrasos en Galicia, Cataluña y Murcia.
En Galicia, se han quedado sin tramitar 20 proyectos, frente a los 17 de Cataluña, los 11 de Murcia, y los 2 de Baleares y Canarias, respectivamente. Las únicas comunidades que todavía no han informado del número de proyectos que han dejado sin tramitar son Castilla y León y Madrid.
Sin embargo, podría darse el caso que algunos proyectos tengan algo más de tiempo para superar este trámite, amparándose en una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que estipula que el plazo para obtenerla empieza a contar desde que el promotor acepta las condiciones técnico-económicas, y no desde que se otorga el permiso de acceso a la red.
Tras la obtención de la declaración de impacto ambiental, los proyectos que han recibido el visto bueno de la administración contarán con un plazo máximo de 3 meses para cumplir el siguiente "hito" fijado por el Gobierno.
