El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica este miércoles el Plan de Inspección de Consumo para 2023, que incluye 44 campañas con las que se prevé realizar unas 20.000 actuaciones inspectoras para controlar más de 500.000 unidades de productos de diferentes sectores, como alimentación o juguetería.
La consejera Valle Miguélez, durante la presentación del plan que ha desarrollado la Dirección General de Consumo y Artesanía, ha destacado que las campañas programadas incluyen la toma de muestras de productos para comprobar el cumplimiento de las normas vigentes, junto a otras actividades de control, como los estudios y la prospección de mercado, "con el fin de obtener información valiosa que permita evaluaciones de riesgo y conocer la situación del mercado en cada momento”.
La planificación comprende 18 campañas centradas en el control de alimentos, 19 campañas de inspección de control de productos industriales y juguetes, cinco campañas de inspección de servicios y dos campañas regionales muy novedosas de aplicación de la nueva normativa estatal recientemente aprobada.
Respecto a estas últimas, la consejera explicó que “hemos considerado importante llevar a cabo actuaciones informativas para que las empresas y establecimientos de la Región tengan conocimiento de ellas y se adapten a los cambios introducidos”.
En concreto, se trata de una campaña de información y control del cumplimiento del real decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y una segunda campaña relativa al real decreto sobre requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor.
Miguélez destacó que “este año se va a realizar un importante esfuerzo en toma de muestras y análisis de alimentos y productos no alimenticios para verificar la calidad y perseguir el posible fraude de los mismos”.
Así, se analizarán 11 tipos de alimentos como aceite de oliva virgen y virgen extra, platos preparados, conservas de pescado, miel, control de peso huevos XL, legumbres secas, pipas peladas, vinagres, guisantes, alcachofas, tomate en conserva, sopas y alimentos sin lactosa.
Paralelamente, se incidirá en controlar la calidad y seguridad de los productos de 16 tipos diferentes, que incluyen artículos de marroquinería, altavoces, calzado infantil, detergentes, termoencoladoras, ropa infantil, juguetes (de construcción, funcionales y para menores de 36 meses), gasóleos, anticongelantes para automóviles, lámparas led, luminarias portátiles, bolsas de agua caliente, velas y gafas de sol.
Cuando se detecten irregularidades en los artículos o servicios que puedan afectar a la seguridad de las personas, se procederá a valorar el riesgo y se podrá incluir el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo. Esta red, que opera a nivel europeo, funciona como un sistema de intercambio rápido de información para detectar y proceder a la aprehensión de productos inseguros con la mayor agilidad posible, e impedir con premura su comercialización, ya sea a través de la inmovilización o destruyéndolos.
El plan de este año también incluye acciones de información y asesoramiento dirigidas a sectores empresariales sobre la legislación vigente aplicable en materia de Consumo, facilitando el cumplimiento de la misma y potenciando los Códigos de Buenas Prácticas en Consumo.
El objetivo del Plan es “velar para que los diversos operadores económicos que ofrecen sus productos o servicios a los consumidores regionales cumplan la normativa legal”, afirmó Miguélez, quien destacó que “constituye un elemento básico para que los inspectores de consumo desarrollen de forma eficaz y coordinada el control del mercado en la Región”. La finalidad principal es proteger la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores.
En relación a las actuaciones realizadas por los inspectores de Consumo, y como avance a la Memoria de Actividades 2022, destaca el control de casi 900.000 unidades de alimentos y productos y la tramitación de casi 2.000 expedientes.
Asimismo, el pasado año aumentaron las actuaciones derivadas de las alertas emitidas por la Red de Alertas del Ministerio con repercusión en la Región, lo que supuso la destrucción de 31.803 productos que no cumplían en seguridad.
Cuando los incumplimientos detectados son de etiquetado, se permite la subsanación, lo que llevó a los inspectores de Consumo a vigilar 82.140 productos reetiquetados y permitir nuevamente su venta.
El pasado año se contabilizaron 63 expedientes sancionadores y los consumidores recuperaron un total de 91.954 euros, gracias a la intervención de la Inspección de Consumo por denuncias interpuestas ante incumplimientos de la normativa aplicable.
