Garantizar que los salarios de los empleados públicos se incrementen a principios de año un mínimo del 2,25%, más un 0,25% adicional si el crecimiento del PIB alcanza el 2,50%, fue la principal reivindicación del consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la reunión que mantuvieron este martes.
En el encuentro, De la Cierva demandó que la subida salarial se desvincule de la incertidumbre de los Presupuestos Generales del Estado, “una solución al margen de la situación de bloqueo presupuestario para evitar que la falta de acuerdo sobre las cuentas del Estado para 2019 perjudique a los empleados de la Administración regional”.
De este modo, el consejero sugirió la redacción de un decreto-ley para asegurar que la subida salarial que reflejan los Presupuestos Generales del Estado entre en vigor el 1 de enero, “haya o no acuerdo presupuestario, porque la situación política no tiene por qué perjudicar a los trabajadores públicos ni hacerles perder poder adquisitivo”.
Al desligar la subida salarial de la aprobación de los presupuestos, el Gobierno regional podría hacerla efectiva de manera inmediata y evitar así que los empleados de la Administración regional pierdan poder adquisitivo.
El titular de Hacienda también solicitó que el Estado se encargue de regular la ampliación del permiso de paternidad para que se aplique de forma homogénea en todas las administraciones públicas, a través del Estatuto Básico del Empleado Público, y para que se haga extensiva a todos los trabajadores del sector privado, a través del Estatuto de los Trabajadores.
En ese sentido, De la Cierva aclaró que “los permisos de maternidad y paternidad deben ser iguales para todas las familias, sean empleados públicos o no, porque el cuidado de los hijos es un derecho básico de todos los trabajadores. Además, las diferencias en cuanto a la aplicación de derechos básicos son discriminatorias”.
REDUCIR LA INTERINIDAD. Otros de los temas que trataron el consejero y la ministra en la reunión fue la adopción de medidas para rebajar al mínimo la tasa de interinidad, al menos por debajo del 8%, y favorecer la consolidación del empleo en la Administración iniciada con la puesta en marcha del Plan de Estabilización de Empleo Temporal.
Para ello, De la Cierva propuso incrementar la tasa de reposición al 100% en todos los sectores y establecer cupos adicionales, ya que “la actual limitación provoca que aumenten las bolsas de interinos para poder cubrir las plazas de nueva creación”.
Por último, el consejero solicitó a la ministra que sea el Estado quien lidere la reclasificación profesional para los funcionarios de carrera de acuerdo a sus titulaciones, tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de mantener un sistema homogéneo y coherente de clasificación profesional en todas las administraciones públicas.
