El Ministerio de Agricultura ha solicitado a la Comisión Europea el envío de 347 millones para financiar los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) para 2023, 77,6 de ellos para 87 murcianas, el segundo mayor importe.
Esta cantidad es un 6% superior a la solicitada en 2022 y un 27% más que la correspondiente a la media de las nueve últimas campañas, según ha indicado este miércoles el Ministerio en un comunicado.
Estas ayudas beneficiarán a 457 organizaciones de productores, repartidas en 15 comunidades autónomas; entre ellas destacan, en términos de valor de producción comercializada y por tanto de ayuda solicitada, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra y Extremadura.
La comunicación enviada a la Comisión responde a la previsión que se realiza a principio de cada anualidad, en función de los programas operativos aprobados por las comunidades autónomas, según ha aclarado el Departamento.
Este año, la comunicación recoge los programas operativos que se siguen aplicando de acuerdo con la normativa anterior a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y los que se han aprobado de acuerdo con la intervención sectorial hortofrutícola.
Estos últimos corresponden a 24 organizaciones de productores de Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Región de Murcia, que han previsto una ayuda total de más de 13 millones de euros.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, España es el primer Estado miembro por ejecución de los programas operativos, con más del 30% del total de la UE, seguido por Italia.
El MAPA ha recordado que las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo tienen la posibilidad de acceder a ayudas dentro de su intervención sectorial para realizar diversas acciones, en el marco de los programas operativos de carácter plurianual (entre 3 y 7 años).
Estas acciones se pueden destinar a la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, mejora de la calidad y medio ambiente, investigación, formación y asesoría, y prevención y gestión de crisis de mercado, entre otras.
Tras la reforma de la PAC, el diseño de los programas operativos refuerza el carácter medioambiental de estas ayudas, al exigir un mínimo de un 15% de gasto de las ayudas en dichos objetivos.
