FISCALIDAD

El Gobierno subirá en 2024 los peajes de las autopistas entre un 5% y un 6,65%

Los nuevos precios se revisarán a partir del 1 de enero. (Archivo)
Entre ellas, la AP-7 Alicante-Cartagena. 

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha actualizado las tarifas de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2024, que a partir del 1 de enero subirán entre un 5 y un 6,65 %, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

En una nota, el departamento que dirige el ministro Óscar Puente explica que la actualización de las tarifas que soportan los usuarios en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una orden ministerial.

De no continuar en 2024 con las subvenciones ya previstas, el alza de los peajes habría superado el 8,5%, aclara Transportes.

El incremento autorizado obedece a la subida del índice de precios al consumo, tal como contempla el artículo 77 de la ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.

El año pasado se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la inflación, ya que se debería haber aplicado una subida de entre el 8,4% y el 9,5%, y se estableció la obligación de eliminar dicha subvención a finales de 2026, de modo que se iría repercutiendo de forma escalonada en el plazo de tres años.

Según Transportes, la aplicación de esta medida ha supuesto en 2023 un ahorro de más de 33 millones de euros a los usuarios, que han sido sufragados por el Ministerio; el importe que representa la subvención en 2024 se estima en 30 millones.

En su nota, Transporte añade que, "en línea con el objetivo del Gobierno de respaldar a los hogares", se ha decidido no elevar en estos momentos los peajes de las autopistas que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que por problemas financieros revirtieron al Estado, que no se han elevado desde 2019, cuando se redujeron un 30% de media.