El Congreso de los Diputados ha derogado el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a cinco años, con el rechazo del PP, Podemos, Ciudadanos y ERC, entre otros, por lo que el Gobierno ya analiza alternativas para presentar más medidas sobre alquileres.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido el real decreto ley de vivienda ante la "urgencia" de aprobar un "primer paquete de medidas" de carácter social que empiece a revertir la reforma en el mercado inmobiliario que hizo el gobierno del PP en 2013 y que -en su opinión- fomentó la subida de los precios de los alquileres.
Sin embargo el Pleno del Congreso ha derogado esta norma que ha recibido 103 votos a favor, 243 en contra y una abstención, después de que Unidos Podemos anunciara que votaría en contra porque el decreto no incluye las medidas que pactó la formación morada con el Ejecutivo de cara a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Esta derogación supone el cuarto real decreto ley que decae en 40 años, el último fue el de la reforma del sector de la estiba, el 16 de marzo de 2017.
Podemos ya pidió al Ministerio de Fomento que retirara un real decreto que no contemplaba una regulación de los precios de los alquileres en zonas "tensionadas" dentro de las ciudades y que tampoco incluía medidas relativas al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías o un preaviso en los contratos de arrendamientos de seis meses.
Las negociaciones entre Podemos y Gobierno se han intensificado en las últimas horas y, aunque el Ejecutivo está de acuerdo en la mayoría de las medidas moradas propuestas y firmadas, no se ha alcanzado finalmente un pacto de cara a la convalidación y el escollo está en el "formato" legislativo en el que deben ir.
Fomento había ofrecido a Podemos convalidar este decreto a cambio de presentar un texto nuevo que tuviera medidas complementarias al alquiler o tramitar el decreto como un proyecto de ley, para ser enmendado, o incluso introducir enmiendas en este ámbito a través de los Presupuestos de 2019.
Podemos ha insistido en que el Ejecutivo debe traer un nuevo real decreto "con todo" y no han aceptado convalidar el actual, al tiempo que PP y Ciudadanos tampoco lo han validado porque -afirman- que no estimulan la oferta de alquileres y da inseguridad jurídica a todas las partes.
Tampoco ERC ha votado a favor ya que no incluye un índice que limite los precios abusivos de los alquileres en las grandes ciudades y no frena a las compras de los fondos de inversión inmobiliarios.
PDeCAT ha decidido convalidar este decreto si se tramitaba como proyecto de ley para introducir medidas que incentivaran fiscalmente el alquiler o que tuviera un indice de referencia de precios.
PNV ha votado a favor, al igual que Compromís, CC y Nueva Canarias, pero también bajo las críticas de que el decreto era insuficiente, vago y necesitaba mejoras.
Ábalos ha señalado que la norma presentada este martes era "un primer paso" y que no cabría duda de que tendría que ir acompañada de medidas adicionales, "en las que trabaja el Gobierno".
Ha recordado que el decreto contiene un plan específico de 20.000 viviendas para alquiler social y la movilización de recursos junto con el sector privado, así como una prolongación de la prórroga de los contratos de alquiler.
También fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario.
La diputada de En Comú Podem y responsable de vivienda Lucía Martín ha incidido durante su debate en que el voto en contra de Unidos Podemos "no busca humillarles, ni hacerles daño, ni deshacer el espíritu de la moción de censura, sino que es un acto para exigir medidas valientes que protejan a la mayoría de la ciudadanía".
LOS ALQUILERES FIRMADOS DESDE EL 19 DE DICIEMBRE, SIN CAMBIOS. Los contratos de alquiler firmados desde la publicación, el pasado 19 de diciembre, en el BOE del decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda hasta la tarde de este martes, cuando el Congreso no lo ha convalidado, permanecerán sin cambios, regidos por esa norma, aunque no se incorpore al ordenamiento.
"El resultado negativo en la votación de convalidación produce la inmediata cesación de los efectos del decreto ley y su desaparición del ordenamiento, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia", así lo expone el Congreso en una sinopsis sobre el artículo 86 de la Constitución.
Fuentes del Ministerio de Fomento consultadas por Efe han indicado, en ese sentido, que los efectos permanecerán inalterables, aunque el decreto no adquiera fuerza de ley, y que los contratos de arrendamiento seguirán acogidos a las modificaciones legales que han estado vigentes durante estos 34 días.
A estos alquileres "se les aplicará la norma que estuvo vigente durante estos días", ha resumido el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Navarra Francisco Javier Fajardo en un comunicado de iAhorro.
Fajardo ha expuesto que los contratos que se firmen a partir de ahora volverán a regirse por las leyes según su redacción previa a las modificaciones introducidas por el Consejo de Ministros el pasado 14 de diciembre.
El paquete de medidas comprendía modificaciones en cinco leyes: Arrendamientos Urbanos; Propiedad Horizontal; Enjuiciamiento Civil; Reguladora de las Haciendas Locales, e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Los arrendamientos firmados en los 34 últimos días mantendrán un plazo de prórroga obligatoria de 5 años (o 7 si el arrendador es persona jurídica), mientras que los que se firmen a partir de ahora volverán a tener el plazo obligatorio de 3 años.
Los contratos firmados desde el 19 de diciembre han tenido un máximo de dos mensualidades de renta como garantía adicional de la fianza -salvo los de larga duración- y, en cambio, los que sean rubricados desde ahora volverán a carecer de esa cuantía máxima.
El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha asegurado que los cambios introducidos por el Gobierno ralentizaron el mercado del alquiler, como muestra que, según sus datos, en estos últimos 34 días ha sido firmado un 30% menos de contratos que en las mismas fechas de hace un año.
"Muchos propietarios han dicho que de momento no lo alquilaban y se pensaban si poner en venta", ha opinado Carroza, quien cree que el decreto-ley "no beneficiaba ni a arrendadores ni a arrendatarios" y que el Gobierno lo elaboró "con prisa" y "sin consultar al sector".
Al decaer el decreto ley los alojamientos turísticos vuelven a estar regidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque en este lapso fueran considerados como actividad económica.
Deja de estar vigente la posibilidad de que los vecinos de un inmueble (por mayoría de tres quintos de la comunidad de propietarios) puedan condicionar o limitar que un piso se destine a alojamiento turístico (de AirBnb o similar).
"Debe abordarse desde un prisma global", ha opinado Isabel Bajo, vicepresidenta del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, que aboga por "regular de una manera más homogénea" los alojamientos turísticos.
Otra consecuencia de la votación en el Congreso de este martes es que los ayuntamientos con superávit no podrán emplearlo en promover su parque de vivienda pública, como les facultaba otra medida prevista por el Gobierno.
Asimismo, el procedimiento de desahucio de vivienda vuelve a carecer de la solicitud obligada de un informe a los servicios sociales, como ha sido preceptivo en este período.
