lunes. 30.01.2023
TRAMITACIÓN

La ley de vivienda se mueve en el Congreso un año después

Concluido ese informe, comenzará en la comisión el debate de la ley artículo por artículo y en él se podrán admitir también a trámite enmiendas que tiendan al acuerdo.
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La nueva ley recoge un compromiso pactado por el PSOE y Podemos en su programa de gobierno ("poner techo a las subidas abusivas". (Archivo)

Un año después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de vivienda para su tramitación urgente, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana nombrará este martes a la ponencia encargada de redactar el informe con las enmiendas que se incorporan de los grupos parlamentarios.

La constitución de la ponencia supone un avance significativo en uno de los procesos de negociación más complejos que ha afrontado el Ejecutivo de coalición esta legislatura para cumplir su compromiso de regular los precios del alquiler.

Un compromiso pactado por el PSOE y Podemos en su programa de gobierno ("poner techo a las subidas abusivas"), que concita el rechazo prácticamente unánime del sector inmobiliario y que ha provocado fuertes tensiones entre los dos partidos durante los últimos tres años por la diferente visión que tienen en política de vivienda.

Fuentes socialistas han asegurado a EFE que la convocatoria de la ponencia es una "señal de que el acuerdo está más cerca", aunque sus socios subrayan que éste "aún no" está cerrado.

Desde el Ministerio de Transportes afirman que es "una buena noticia que refleja la buena disposición de los grupos a llegar a un acuerdo" y que "la negociación sigue, pero ya en el marco de la ponencia".

Durante el último año no han parado los contactos entre este ministerio, que dirige la socialista catalana Raquel Sánchez, y el de Derechos Sociales, encabezado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pero en las últimas semanas el protagonismo de la negociación ha recaído en ERC y Bildu.

Precisamente un acuerdo de última hora de la ministra Raquel Sánchez con ERC permitió hace diez meses que no prosperaran las enmiendas a la totalidad del PP, Cs, PDeCAT, PNV y JxCAT, lo que hubiera tumbado el proyecto.

La ministra garantizó entonces al grupo de Gabriel Rufián el "respeto escrupuloso del marco competencial en materia de vivienda" en el texto final.

Los independentistas catalanes siempre han defendido que la norma estatal debe ser el "paraguas" de la ley catalana que regula los alquileres, parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional.

De las 866 enmiendas parciales presentadas por los grupos, el PSOE tiene previsto incorporar aproximadamente la mitad en el dictamen que deberá elaborar la ponencia en quince días, aunque este plazo se podría prorrogar.

Concluido ese informe, comenzará en la comisión el debate de la ley artículo por artículo y en él se podrán admitir también a trámite enmiendas que tiendan al acuerdo.

LOS NUEVOS CONTRATOS

Según fuentes parlamentarias, los socialistas habrían aceptado en los últimos días que la regulación de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas pueda afectar a los nuevos contratos, no solo a los vigentes; una reivindicación de sus socios para evitar que los propietarios retiren del mercado sus viviendas para luego volver a arrendarlas sin que les afecte el control de rentas.

Los sindicatos de inquilinos aseguran que esto es lo que está ocurriendo con el límite del 2% aprobado por el Ejecutivo como medida extraordinaria en la revisión anual de los contratos para combatir el impacto de la inflación.

Los socialistas también se han abierto a cambiar los requisitos previstos en el proyecto de ley para que las comunidades autónomas puedan hacer la declaración de zona tensionada y a rebajar el número de viviendas que tiene que tener un propietario para que se le limite el precio del alquiler (el proyecto de ley establece que afectará a los propietarios de diez o más).

Asimismo las fuentes aseguran que el ministerio de Sánchez ha aceptado reducir el periodo de carencia de dieciocho meses previsto en el proyecto de ley para la aplicación obligatoria del índice de precios.

La ley de vivienda se mueve en el Congreso un año después
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