Los últimos días ha ido creciendo el rumor de la intención del Ministerio de Trabajo de cambiar la fórmula de cálculo de la indemnización por despido. Se ampara dicha intención en la reclamación de UGT al Comité Europeo de Derechos Sociales, argumentando las supuestas bajas indemnizaciones abonadas en España, y la agenda de cambio para el “Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”.
Actualmente, existe un sistema objetivo de cálculo de la indemnización del despido: usando las variables de salario y antigüedad, se abonan 20 o 33 días de salario por año trabajado, según se trate de un despido objetivo o un disciplinario (declarado improcedente). Existe incluso una herramienta del Consejo General del Poder Judicial, de acceso público, que permite calcular la cantidad, y realizar así las previsiones oportunas. En definitiva, a día de hoy es posible calcular el coste del despido con relativa facilidad y seguridad.
Si el escenario cambia y prosperaran las intenciones anunciadas, se abrirá un abanico de opciones que generarán una más que previsible inseguridad: edad, género, renta, formación, circunstancias profesionales/personales..., se barajan como posibles variables que determinarán el monto indemnizatorio, junto con los daños y perjuicios para la persona trabajadora que se aleguen y acrediten, con independencia de los actuales criterios de antigüedad o salario. Así se multiplican los interrogantes: ¿será más caro despedir a un trabajador de edad más avanzada, atendiendo a una hipotética dificultad de reincorporación laboral? ¿Se convertirá en un perjuicio la formación, porque la indemnización de la persona trabajadora formada será inferior a la de la menos formada? ¿Se retrasará la reincorporación laboral hasta después del proceso judicial que se entable frente al despido, para tratar de aumentar artificiosamente la indemnización al acreditar mayor perjuicio? ¿Será más caro despedir en una provincia que en otra, al ser más complicado encontrar trabajo en una que en otra, o atendiendo a la diferencia del coste de la vida?
En las circunstancias descritas, no resulta difícil pensar que la inseguridad, y consiguiente litigiosidad, aumentará exponencialmente, por lo que debemos estar preparados.