Contaba Ignacio Varela en su columna dominical que, durante su etapa universitaria, un profesor enfrentó en cierta ocasión al núcleo fundacional de Podemos (Iglesias, Errejón y Cía.) a una interesante disyuntiva: ¿Qué era preferible, una “sociedad A” donde el rico obtenía 10 y el pobre 5, o una “sociedad B” donde el rico obtiene 7 y el pobre 4?
Un acercamiento racional nos decantaría por la primera alternativa, pues tanto la suma de riqueza (15 vs 11) como el reparto para ambas personas (10/5 vs 7/4) es evidente superior. No es difícil comprender por qué siempre es ventajoso una sociedad desigual, aunque próspera y con sus clases más bajas disfrutando de una vida razonablemente digna, que un país igualitario con parte de sus ciudadanos bordeando el umbral de miseria.
Sin embargo, la naturaleza humana no entiende de racionalidades. Varela cerraba su anécdota narrando que todos los miembros del primigenio Podemos, al igual que lo hace el actual votante medio de izquierdas, prefirieron la opción “B”. Es decir, más igualdad a cambio de mayor pobreza, que prosperidad general a cambio de desigualdad. Eligieron Cuba frente a Singapur.
Solo así se entiende la rentabilidad política de esta cruzada ideológica del Gobierno frente a las bajadas de impuestos de Ayuso y demás presidentes populares. En esa estela, la Ministra de Hacienda ha anunciado la entrada en vigor de un nuevo impuesto contra “los ricos”, que viene a sumarse al tributo a la banca y energéticas y la subida impositiva del IRPF a las rentas más altas.
Un movimiento apoyado en la vieja falacia de que es posible empobrecer a los ricos para enriquecer a los pobres y de que, “los ricos”, son los que deben aumentar su contribución a las arcas públicas para sufragar los dispendios del Estado. Ocultando, convenientemente, que ya se produce esta situación.
España es el 6º país de la OCDE y el 4º de la UE que más dinero obtiene de sus clases altas. Según los datos de la Agencia Tributaria, un 18% de la recaudación total del IRPF pesa sobre los hombros del nimio 0,66% de españoles beneficiarios de rentas superiores a los 150.000 euros anuales. ¡Que “insolidaridad” por parte de nuestros 100.000 conciudadanos más pudientes!
Para que una económica crezca, es necesario desarrollar un sistema fiscal atractivo, que cubra servicios públicos esenciales pero que potencie el ahorro, atraiga capital dispuesto a invertir y sirva de competencia frente a nuestros vecinos. Sin embargo, hace años que España prefirió obsequiar al mundo con nuestros ciudadanos más talentosos y pudientes. Más aún cuando no existe ningún Muro de Berlín capaz de evitar la huida de capitales y la deslocalización del patrimonio mobiliario (acciones), donde la mayoría de “los ricos” mantienen su fortuna.
Pero cuando la izquierda se enfrenta a la realidad de un impuesto ineficiente en su recaudación, fácilmente evadible y expulsor de riqueza, clama al cielo con indignación: “No vamos a eliminar impuestos solo porque se marchen de España”. Como si no fuese precisamente este el argumento idóneo para su erradicación: la pobreza que genera el éxodo de la riqueza de un país.
Es decir, el punitivismo como único objetivo vital. La envidia como fuerza motriz para quienes prefieren permanecer tuertos mientras, en sus ensoñaciones más candentes, condenan a los odiados “ricos” a quedarse ciegos.