Pasados unos días desde el milagro de las casas y los pisos, terminada la última campaña electoral y antes de adentrarnos en la siguiente, es tiempo de reflexión. Al margen de la ya olvidada tómbola sanchista de las 183.000 viviendas prometidas, que se suman a las 300.000 anteriormente apalabradas y nunca entregadas, el problema de la vivienda en España resulta evidente.
Es fácilmente entendible que, para resolver la cuestión y atajar la lógica vorágine de precios que siempre acompaña a la escasez, tan solo queda propiciar un crecimiento efectivo de las viviendas en alquiler. Así lo acepta inconscientemente el Gobierno quien, a pesar de su delirante discurso sobre el neoliberalismo y los fondos buitre, dejó bien claro con su lotería inmobiliaria que hasta ellos saben que el problema no viene derivado de la avaricia de los propietarios, sino de la contumaz reducción de la oferta.
Sin embargo, guiados por ese pensamiento mágico y maximalista con el que ya nos han acostumbrado durante la legislatura, repleto de intenciones cuestionables y consecuencias nefastas, han pergeñado una ingeniosa solución: aumentar la regulación pública. ¡Como si no fuese ya la vivienda el producto más saturado de regulaciones, trámites e impuestos sobre la faz de la tierra!
Una hiper regulación que carga de tasas a los contribuyentes y de trabas a los promotores, distorsionando un mercado ya lastrado por las restricciones a la libre entrada y el uso del suelo. Pero la nueva normativa de vivienda nos retrotrae a un intervencionismo estatal como no se había visto en España desde que otro socialismo, el franquista, aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, consagrando los “alquileres de renta antigua”.
Incluso el preámbulo de aquella ley, "El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social", resultaría indistinguible dentro de la actual normativa socialista. No es de extrañar que su impulso haya estado capitaneado por Bildu y ERC, dos de los últimos reductos del nacionalsocialismo patrio.
Durante los casi 20 años que estuvo en vigor, hasta la aprobación de la ley de vivienda de 1981, el porcentaje de población en alquiler en España descendió de un 48% a poco más del 20%. Pero no hace falta retrotraerse tanta distancia para conocer como las políticas intervencionistas del gobierno (tope del alquiler e incremento de impuestos) y la desprotección del propietario (inseguridad jurídica, mayores costes y laxitud frente al okupa) acabarán impactando en nuestras vidas.
Cataluña lleva tiempo convertida en el laboratorio de pruebas de las peores ideas del país. Antes de ser tumbada por el TC en 2022, durante el año y medio de vigencia de la Ley de Vivienda catalana, inspiración de la actual, la oferta de vivienda regional disminuyó un 15% anualmente. Un 40% desde 2019. Por encima de la media española del 28%. Otro nefasto ejemplo sería el tope del 2% a los alquileres aprobado en 2022 por el Gobierno, medida estrella cronificada en la nueva ley: un 17% menos de oferta y precios un 9% más elevados. ¿Más caros a pesar del tope? Obviamente, pues, sabiendo que una vez comenzado el contrato sus rentabilidades futuras se verán lastradas, ¿qué mejor que anticiparse a ellas aumentando precios? Porque esta ley tendrá ganadores y perdedores. Y entre los primeros no figurarán los más vulnerables.
Perjudicados serán los miles de ciudadanos de clase media que invirtieron en una propiedad adicional para complementar sus ingresos, el 85% del total de la oferta, cuando la imposibilidad de actualizar las rentas al IPC les empobrezca, recortando su capacidad adquisitiva. Afectadas asimismo las rentas bajas y colectivos vulnerables, cuando los propietarios aumenten requisitos y fianzas ante el miedo de impago y okupación. También los actuales inquilinos, que verán deteriorarse sus pisos mientras sus arrendadores reducen los únicos gastos que podrán controlar: la inversión en mejoras de los inmuebles.
Víctimas perpetuas los jóvenes por la próxima reducción de viviendas disponibles, en tanto la ley penaliza a quien promueve 30 pisos de 100.000 euros, los malvados “grandes tenedores”, frente al “humilde” casero de una única casa de 3 millones de euros. Beneficiados serán los inquilinos de alojamientos de lujo, quienes disfrutarán de precios congelados. También las clases altas, poseedoras de las garantías de solvencia que les permitan deshacerse de la competencia o de los recursos suficientes para adquirir las viviendas que los antiguos arrendadores buscarán deshacerse.
Lejos de los 3 años de 1990, hoy ya se necesitan 8 años de sueldo bruto para adquirir una vivienda. El alquiler supone el 35% del sueldo bruto (69% Barcelona, 57% Madrid, 52% Málaga, 52% San Sebastián…) en el conjunto de España y el porcentaje de menores de 35 años propietarios se ha desplomado del 70% al 36% durante la última década. Una tendencia que la nueva ley no hará más que acelerar.