La capacidad para crear departamentos de investigación, desarrollo e innovación ha dejado de pertenecer en exclusiva a las grandes compañías. Las pequeñas y medianas empresas, apoyadas por las ayudas y beneficios fiscales brindados por el Estado, han comprendido la importancia de invertir en I+D+i para ser más competitivas en el mercado global habiendo comprobado que este tipo de inversiones obtiene una tasa de retorno superior a la convencional y por tanto suele ser rentable.
Así pues, existe una necesidad ineludible para toda empresa de destinar los medios indispensables y necesarios a la investigación y que explica de forma muy clara el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Michael Porter:
La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar
Para toda empresa, con independencia de la complejidad que conlleva el proceso y de los medios económicos y de personal cualificado que desean destinar a ello, un buen sistema de patentes ofrece a la misma la posibilidad de rentabilizar la inversión en I+D+i mediante la explotación de todas aquellas que lo forman, reconociendo a tal efecto la Ley de Patentes el carácter transmisible de la misma por todos los medios que el Derecho reconoce (venta, cesión, licencia, usufructo).
Una vez tomada la decisión de dedicar parte de los activos de la empresa (personas, tiempo y dinero) a la investigación, es indispensable que los frutos derivados de la misma sean debidamente protegidos para que aquellos intangibles, que tanto esfuerzo ha costado conseguir, puedan desplegar pacíficamente sus efectos. Uno de los instrumentos para conseguirlo es el derecho de patente, que proporcionará la seguridad jurídica necesaria para evitar que los competidores copien el producto o procedimiento patentado.
La protección que ofrece el registro de la patente se extenderá a los países donde se haya solicitado, ya que en aquellos en los que no se haya hecho, la tecnología se considerará de dominio público y cualquier competidor podrá hacer uso de ella libremente. En España es preciso presentar la correspondiente solicitud de patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) acompañando a la misma la documentación correspondiente, entre la que se deberá encontrar un resumen y descripción de la invención, dibujos que reproduzcan la misma y las reivindicaciones que definan el objeto por el que se solicita la protección por medio de la patente.
Presentada la solicitud, la OEPM debe comprobar que se cumplen todos los requisitos de forma y de fondo, entre ellos que la materia es patentable y tiene aplicación industrial. Posteriormente, ha de solicitarse un preceptivo informe sobre el estado de la técnica que ofrece una primera valoración de la novedad y actividad inventiva de la invención. Superado este primer examen de oficio, la OEPM publicará la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y el IET, que puede recibir observaciones de terceros. Posteriormente, la OEPM todavía debe conducir un examen de fondo para garantizar que la invención es patentable y una vez concedida, los competidores pueden presentar oposición contra la misma e intentar así que el otorgamiento del derecho a la patente no se haga efectivo.
Si bien el procedimiento para obtener una patente puede resultar complejo y farragoso, sin embargo las numerosas ventajas derivadas de la obtención de la patente permiten rentabilizar con creces los medios empleados. Por un lado, una patente proporciona un monopolio temporal a su titular (hasta 20 años) en los cuales únicamente este podrá hacer uso de la tecnología protegida (explotándola por sí mismo o cediéndola y obteniendo ingresos económicos por ello) y a su vez es el medio legal de defensa más efectivo frente a posibles copias e imitaciones por parte de la competencia. Por último, es necesario añadir que una buena cartera de patentes mejora la imagen de la empresa al ser un reflejo de la política tecnológica e innovadora de la misma.