La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (FROET) ha firmado un acuerdo de colaboración con Tisnova, empresa dedicada a desarrollar y prestar tecnológicas orientadas al transporte por carretera, para la implantación obligatoria del Documento Electrónico de Control Administrativo (DeCA).
El acuerdo ha sido suscrito por el secretario general de la patronal regional de transportes, Manuel Pérezcarro, y el CEO de Tisnova, Mariano Fuster.
Las empresas, tanto de transporte de mercancías como cargadoras, así como de viajeros, deberán disponer de los medios necesarios para generar, gestionar y mostrar el DeCA en formato electrónico a partir del próximo 5 de octubre.
El acuerdo con Tisnova permite a las empresas asociadas a FROET acceder a condiciones económicas preferentes para la utilización de TisTransit, la plataforma web para digitalizar los documentos de control administrativo. Además, contarán con apoyo durante el proceso de puesta en marcha y acceso a las acciones de información y formación relativas al DeCA.
Pérezcarro ha señalado que esta colaboración “facilita una solución a nuestros asociados de forma que, en la fecha señalada, esté todo preparado para poder emitir este documento digital, bien ellos o bien sus cargadores, sin ningún problema”.
Por su parte, Fuster ha destacado que todos los integrantes de Tisnova proceden del mundo del transporte, por lo que “conocemos perfectamente todos los problemas del sector”.
Por ello, se ha desarrollado “una solución que no solo cubre el DeCA, sino que sirva para facilitar las tareas del día a día de todos los transportistas, sean pequeños autónomos o grandes flotistas”.
El formato en papel no tendrá validez legal
A partir del 5 de octubre de 2026, el DeCA pasará a ser obligatorio y exclusivamente en formato digital, quedando sin validez legal la emisión en formato papel. El cargador o el transportista deberán generar digitalmente el documento antes de iniciar el transporte, incluyendo los datos que exige la norma.
El incumplimiento de la nueva regulación conlleva multas que oscilan entre los 401 y 600 euros por no disponer del documento de control o por consignar datos esenciales incompletos, erróneos o incorrectos.
