El Gobierno regional presenta una nueva línea de avales para facilitar la compra de vivienda que beneficiará a 600 jóvenes de la Región de Murcia menores de 35 años. El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (ICREF) sería la entidad que avalaría el pago de la entrada, tasada en el 20% del valor de la primera vivienda del joven, cuyo coste máximo podría ascender hasta los 175.000 euros.
Esta medida, que está dotada con un millón de euros, se enmarca en las políticas de hogar del Ejecutivo regional con las que pretende favorecer el acceso a una vivienda a uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. El borrador de decreto ya ha sido remitido al Gobierno central para que dé su autorización.
Los consejeros de Fomento e Infraestructuras, y Presidencia y Hacienda, José Ramón Díez de Revenga y Javier Celdrán respectivamente, presentaron esta línea de ayudas tras reunirse con los representantes de la Asociación de Promotores de la Región de Murcia, el Consejo de la Juventud y las entidades financieras CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Abanca, Cajamar, Caja Rural Central, Caja Rural Regional, Cajasur, Liberbank y Banco Sabadell.
Gracias a la partida de un millón de euros, la Comunidad podría avalar el 20% de los préstamos hipotecarios de 600 viviendas, lo que supone un montante de 21.600.000 euros. Es decir, cada joven podrá acceder a una vivienda sin tener que disponer de los 35.000 euros que tendrían que pagar en concepto de entrada, que estarán cubiertos a través de los avales del Icref.
Pusieron de manifiesto que “la entrada de la vivienda es el principal obstáculo al que se enfrentan los jóvenes que pretenden adquirir su primera vivienda, y queremos ayudarles a salvarlo para que puedan iniciar una vida independiente en su propio hogar”.
Destacaron que ambos departamentos lleva meses “trabajando intensamente” en el diseño de esta subvención, caracterizada por su ágil tramitación, ya que el propio adquiriente lo podrá hacer a través de su entidad bancaria.
“Se trata de una medida que refleja el perfil liberal del Gobierno del presidente Fernando López Miras, que contrasta con las pseudopolíticas con las que quieren controlar el mercado de la vivienda impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez”, manifestaron los consejeros.
