El Gobierno regional ha pedido al Ejecutivo central que aclare la obligación de que los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas externas, incluidas en programas de formación, coticen a la Seguridad Social.
Asimismo, ha solicitado que la normativa aporte recursos y seguridad jurídica. Esta obligación entra en vigor el próximo 1 de enero de 2024.
El consejero de Educación, Víctor Marín, ha remitido sendas cartas a los ministros de Educación, Pilar Alegría; de Universidades, Joan Subirats; y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en las que manifiesta las contradicciones entre el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Además manifiesta contradicciones sobre inclusión en este sistema de los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas externas incluidas en programas de formación, y la normativa que regula la Formación Profesional, que no considera, en ningún caso, como prácticas las estancias formativas de los alumnos en las empresas.
Marín informó de esta iniciativa durante la visita que realizó a la Asociación Empresarial de Sociedades Labores y Participadas de la Región de Murcia (Amusal), que ofrece ciclos de Formación Profesional.
Para el titular de Educación, “la obligación de que los alumnos coticen supondrá un coste adicional y reducirá el número de empresas que ofrezcan prácticas, dificultando la formación del alumnado".
El sector empresarial y las universidades rechazan esta propuesta porque necesitan facilidades para promover la FP y las prácticas, no dificultades, ya que una de las claves fundamentales para el éxito de la Formación Profesional son las empresas que acogen a alumnos en prácticas”.
Marín ha expuesto en la carta “el aluvión de consultas y preocupaciones de los centros docentes y de muchas empresas, incluidos organismos públicos, que han manifestado el riesgo de continuidad en los programas de formación bajo estas circunstancias, hecho que ya han puesto de manifiesto las comunidades en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio”.
También, se añade “la falta de conocimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social del funcionamiento de las enseñanzas y de las características del alumnado de FP como alumnos menores de edad, algunos que trabajan y estudian a la vez, generando por tanto una doble alta en la Seguridad Social, y otros en situación irregular en España, o si esta cotización es compatible con el desempleo”, indicó Marín.
En la carta, el consejero ha explicado que “el curso ya ha comenzado y, como estudiantes que son, a los alumnos no se les ha pedido el número de afiliación en la matrícula. Además, algunos ya han comenzado sus prácticas en empresas, a las que no se les debería cambiar las condiciones a mitad de curso”.
El titular de Educación ha solicitado la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que estén presentes, además del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para “poner encima de la mesa todos los problemas que hay que abordar antes de la puesta efectiva de esta medida”.
Marín ha exigido “tal y como todas las comunidades autónomas hemos solicitado en reiteradas ocasiones, la interlocución conjunta de las administraciones educativas y del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el resto del Gobierno central en este tema tan delicado, que supone un coste añadido para el tejido productivo nacional y para todos los alumnos de Formación Profesional”.
Amusal celebró el pasado martes su gala anual de premios y distinguió a la Consejería por su contribución a la Formación Profesional y su impacto positivo en la generación de empleo en la Región. La asociación empresarial cuenta con cerca de 1.000 alumnos y ofrece ocho ciclos formativos.
