La Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de Murcia (Amusal), que forma parte de la economía social, celebró hace una semana su Asamblea General, un acto en el que solicitó adaptar la ley de sociedades laborales para hacer frente a la inestabilidad global.
Este es uno de los asuntos que más preocupan al sector, pero no el único, también lo hacen el relevo generacional, el crecimiento empresarial y la adaptación normativa, entre otros. Aunque también encontramos datos alentadores, como el crecimiento de empresas asociadas, que desde 2020 han aumentado en más de un 20%, y el impulso a la creación de empleo, con un incremento del 25% en los puestos generados respecto al pasado ejercicio.
Sobre todos estos temas y mucho más hemos hablado con su presidente, Pedro Antonio Abad.
- Para empezar, el 13 de mayo hay elecciones sindicales para la representación de las personas trabajadoras dentro de la organización, ¿en qué consisten exactamente? Cuéntenos un poco más acerca de estas
No se trata de una candidatura a la presidencia de Amusal, sino de un proceso ordinario de representación laboral dentro de la entidad.
Desde hace cuatro años, Amusal cuenta con Comité de Empresa, y valoramos muy positivamente este espacio de participación. Para nosotros, la participación no es solo un principio que defendemos en las sociedades laborales, sino una práctica que también aplicamos internamente.
- Pasando a la situación del sector, ¿cuántas sociedades laborales hay actualmente en la Comunidad?
En la Región de Murcia existen actualmente 728 sociedades laborales, de las cuales 548 están en actividad, superando de media los 48.900 euros de capital.
Más allá de la cifra, es importante destacar que Murcia es una de las comunidades con mayor implantación de este modelo en relación con su población, lo que refleja su arraigo y su capacidad para generar empleo estable y empresas comprometidas con el territorio.
- ¿Y asociadas a Amusal? ¿Cómo han ido evolucionando los datos de la entidad en los últimos años?
En los últimos años, Amusal ha mantenido una evolución claramente positiva y sostenida.
Hemos pasado de 389 empresas asociadas en 2020 a 467 en 2025, lo que supone un crecimiento continuo que refleja tanto la confianza en la organización como la consolidación del modelo de sociedad laboral en la Región.
Este crecimiento no es casual. Responde a un trabajo constante de acompañamiento a las empresas, impulso de nuevas iniciativas y apoyo en ámbitos clave como la financiación, el relevo generacional o la mejora de la competitividad.
Más que crecer en número, lo relevante es que estamos consolidando una red empresarial más fuerte, más conectada y con mayor capacidad de generar empleo estable.
- En cuanto a su contribución al empleo, ¿cuántos puestos de trabajo generan tanto las asociadas como el conjunto del sector?
En el conjunto de la Región de Murcia, las sociedades laborales generan más de 4.000 empleos.
En el caso de las empresas asociadas a Amusal, hablamos de más de 2.600 personas trabajadoras, lo que refleja el peso real de la organización dentro del sector.
Pero al margen de la cifra, hay un elemento diferencial: hablamos de empleo estable, vinculado a empresas donde las propias personas trabajadoras participan en la propiedad y en la toma de decisiones. Eso se traduce en mayor compromiso, mayor arraigo al territorio y proyectos empresariales con mayor recorrido en el tiempo.
- La necesidad de adaptar la actual ley estatal para hacer frente a la inestabilidad global fue uno de los temas centrales de su Asamblea, ¿qué debe hacer el Gobierno al respecto? ¿qué asuntos deben tenerse en cuanta de manera prioritaria?
La actual Ley de sociedades laborales ha sido útil, pero hoy presenta rigideces que dificultan el crecimiento de las empresas y su adaptación a un contexto económico más exigente.
Desde nuestro punto de vista, el Gobierno de España debe abordar una actualización que mantenga la esencia del modelo, la participación de las personas trabajadoras, pero con mayor flexibilidad en aspectos clave.
Hay tres cuestiones prioritarias:
Primero, adaptar los límites actuales para que las empresas puedan crecer sin riesgo de perder su calificación, especialmente en un contexto donde la contratación indefinida es la norma.
Segundo, facilitar el acceso progresivo de las personas trabajadoras al capital, eliminando barreras que hoy dificultan su incorporación como socios.
Y tercero, mejorar los mecanismos de transmisión de participaciones para facilitar el relevo generacional y evitar la desaparición de empresas viables.
A esto se debería añadir un marco fiscal más favorable que incentive la participación de las personas trabajadoras en la empresa.
En definitiva, no se trata de cambiar el modelo, sino de hacerlo más flexible, más competitivo y más útil para afrontar los retos actuales.
- Pero esta no es la única preocupación de las sociedades laborales, también hablan, por ejemplo, de la falta de relevo generacional, ¿qué opina usted sobre este tema?
El relevo generacional es, sin duda, uno de los principales retos que tenemos por delante, no solo en las sociedades laborales, sino en buena parte del tejido empresarial.
Hay muchas empresas viables cuyos propietarios se acercan a la jubilación sin tener un plan claro de continuidad, y eso pone en riesgo actividad económica y empleo.
En este contexto, la sociedad laboral ofrece una solución especialmente eficaz: permite que las propias personas trabajadoras puedan asumir progresivamente la propiedad de la empresa y garantizar su continuidad.
Pero para que esto funcione, es necesario facilitar el proceso. Hablamos de mejorar el acceso a financiación, simplificar los mecanismos de transmisión y generar incentivos fiscales que hagan viable esa transición.
Desde Amusal llevamos años trabajando en esta línea, acompañando procesos de relevo empresarial que permiten mantener empresas activas, conservar empleo y evitar cierres que serían perfectamente evitables.
El reto no es solo gestionar el relevo, sino convertirlo en una oportunidad para fortalecer el modelo empresarial y hacerlo más participativo y sostenible en el tiempo.
- En este sentido, impulsan la formación a través de distintos talleres, por ejemplo con el consistorio murciano, ¿cree que puede ser una solución ante la falta de interés de los jóvenes en este terreno?
La formación es una parte importante, pero por sí sola no resuelve el problema. El desinterés de muchos jóvenes hacia la empresa o el emprendimiento tiene más que ver con la percepción de riesgo, la falta de referentes y, en muchos casos, el desconocimiento de modelos como la sociedad laboral.
Los talleres que desarrollamos, por ejemplo, en colaboración con el ayuntamiento de Murcia, son útiles porque acercan la realidad empresarial, explican cómo funciona este modelo y muestran que existe una forma de emprender más participativa y compartida.
Pero si queremos que realmente funcione, la formación tiene que ir acompañada de otras medidas: facilitar el acceso a financiación, generar itinerarios claros de incorporación a las empresas y visibilizar casos reales de éxito que conecten con los jóvenes.
En definitiva, no se trata solo de formar, sino de generar oportunidades reales y un entorno que haga atractivo implicarse en un proyecto empresarial.
- La normativa es igualmente uno de los ‘quebraderos de cabeza’ del sector, ¿cómo puede mejorar la situación? ¿qué cree que debe hacer la Administración?
La normativa es, efectivamente, uno de los principales condicionantes para el desarrollo de las sociedades laborales.
El problema no es tanto la existencia de regulación, sino su rigidez y, en algunos casos, su falta de adaptación a la realidad actual de las empresas.
Hay situaciones donde la ley, tal y como está diseñada, puede penalizar el crecimiento o dificultar procesos clave como la incorporación de nuevos socios o el relevo generacional.
Desde nuestro punto de vista, la Administración debe actuar en tres líneas claras:
Primero, simplificar y dar mayor seguridad jurídica, evitando interpretaciones dispares y procedimientos innecesariamente complejos.
Segundo, adaptar la normativa para permitir mayor flexibilidad en la organización interna de las empresas, sin poner en riesgo los principios del modelo.
Y tercero, acompañar con medidas de apoyo reales —especialmente en financiación e incentivos fiscales— que faciliten la participación de las personas trabajadoras en la empresa.
En definitiva, necesitamos un marco normativo que no sea un freno, sino un facilitador para que las empresas puedan crecer, adaptarse y generar empleo.
- Para cerrar, el pasado año firmaron un acuerdo de financiación preferente con Avalam, ¿cómo valora este tipo de iniciativas por parte del sector privado?
Este tipo de iniciativas son fundamentales, porque uno de los principales retos que tienen muchas empresas, es el acceso a financiación en condiciones adecuadas.
En este sentido, la colaboración con MicroBank está teniendo un impacto muy claro: en los tres últimos hemos impulsado 104 proyectos empresariales en la Región de Murcia, con un importe superior a los 3 millones de euros.
Además, estos microcréditos permiten llegar a proyectos que muchas veces no tienen acceso a la financiación tradicional, ya que se basan más en la viabilidad del proyecto que en la existencia de avales o garantías.
A esto se suman los acuerdos con entidades como Aválam, Cajamar o Banco Sabadell, que refuerzan un ecosistema financiero para nuestras empresas.
Pero más allá de la financiación, lo relevante es el modelo de colaboración. Cuando el sector financiero entiende el valor de la sociedad laboral, se generan alianzas que permiten crear nuevas empresas, consolidar las existentes y afrontar nuevos retos.
En definitiva, sin instrumentos financieros adecuados, muchos proyectos no avanzan; con ellos, se convierten en empresas reales que generan empleo y actividad económica y riqueza para nuestra región.
La sociedad laboral no es solo una forma de empresa, es una forma de entender el desarrollo económico: más participativa, más estable y muy ligada al territorio.
