La Región de Murcia cumple este lunes cincuenta días con el gobierno en funciones, después de la celebración de las elecciones autonómicas el pasado 26 de mayo. Aquel día, el socialista Diego Conesa logró la victoria con 17 escaños, frente a los 16 del Partido Popular de Fernando López Miras, los 6 de Ciudadanos, partido liderado por Isabel Franco, los 4 de Vox con Pascual Salvador Hernández al frente, y los 2 del partido Podemos de Óscar Urralburu para un total de 45 escaños.
Dando por hecha la imposibilidad de un pacto PSOE-PP, no hay ecuación posible sin el concurso de Ciudadanos. El partido socialista se aprestó a entablar negociaciones, intentona que fue rápidamente bloqueada por la dirección nacional de Cs, que designó al PP como "socio preferente" y anunció que trataría de alcanzar acuerdos con este partido allí donde fuese posible, como es el caso de la Región.
Los equipos negociadores encabezados por el 'naranja' Miguel Garaulet y el 'azul' Javier Celdrán se pusieron manos a la obra en busca de un consenso, que llegó rápidamente y que incluyó incluso el reparto de consejerías para un gobierno de coalición. Pero el pacto necesitaba de los votos (ya fuera por adhesión, ya fuera por abstención) de Vox, y ni 'populares' ni 'ciudadanos' contaron con que iba a ser tan difícil arrancarle un 'OK' a la formación verde.
De nuevo por orden de Madrid, los negociadores de Ciudadanos se negaron a hacerse una foto con los de Vox, que negó la investidura en primera instancia a López Miras. Pero la insistencia del PP, que contó en Murcia con el secretario general Teodoro García Egea, logró al fin sentar en una misma mesa a los tres partidos a la derecha del arco parlamentario, en las horas previas a la segunda sesión de investidura. Pero cuando todo parecía indicar que habría acuerdo, Vox dio marcha atrás en el último momento por los desplantes de los dirigentes nacionales de Cs, que negaban la evidencia de que los tres partidos estaban negociando. Así las cosas, el pasado 4 de julio Vox volvía a tumbar a López Miras, que seguía presidiendo un gobierno en funciones.
En los últimos diez días, ya con el 'OK' de la dirección naranja, se han sucedido las reuniones, unas de ellas con cámaras y otras sin ellas aprovechando diferentes eventos. El último encuentro ha tenido lugar este mismo lunes en el Hotel Nelva, y tras todas ellas sus participantes se han apresurado a destacar que se producen "avances"... aunque otras fuentes indican que el acuerdo sigue sin estar cerca. Vox quiere que, para evitar lo ocurrido en Andalucía, el resto de partidos firmen un documento en el que queden reflejados todos los compromisos; una garantía a la que recurrir en caso de incumplimiento. Ciudadanos sigue mostrando reticencias a que los acuerdos queden negro sobre blanco y, sobre todo, que ese papel incluya la firma de algún líder naranja
Este lunes, el encuentro duró cerca de dos horas, y tras él se acordó que por el momento no habría más reuniones y sí comunicaciones por otros canales. También hay discrepancias por la forma de escenificar el pacto: Gestoso, coordinador de Vox en la Región, quiere una firma conjunta de todos los socios, mientras que Cs aboga porque sean PP y Vox quienes lo firmen y que luego se incluya en el programa gubernativo.
Mientras tanto, el cronómetro está marcha y a los actores políticos se les acaba el tiempo: la intención del presidente de la Asamblea Regional es cerrar el parlamento autonómico todo el mes de agosto para ahorrar gastos y el día 3 de septiembre debe haber, sí o sí, un acuerdo, pues la Ley establece un plazo de dos meses desde el primer intento de investidura antes de convocar elecciones.
Mientras se suceden las conversaciones, el gobierno sigue en funciones, funcionando al ralentí, lo que se agrava por la similar situación con las negociaciones del Gobierno del Estado.
¿QUÉ PUEDE Y QUÉ NO PUEDE HACER UN GOBIERNO EN FUNCIONES? Un Gobierno está en funciones el lapso temporal entre el cese del anterior Gobierno y finaliza con la toma de posesión del nuevo ejecutivo. Como norma general, el Gobierno en funciones debe facilitar el proceso de formación del Gobierno entrante y el traspaso de poderes al mismo.
Asimismo, la Ley establece que se limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo acredite, cualquier otra medida.
Entre las cosas que expresamente no puede hacer un gobierno en funciones está la aprobación de los Presupuestos o cualquier otro proyecto de ley a la Asamblea Regional. Tampoco puede nombrar o cesar altos cargos, ni poner en marcha planes de discrecionalidad política..
Se trata, en general, de no adoptar ninguna medida que pueda comprometer o condicionar al futuro nuevo gobierno.
