La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha remitido extensas alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de la Región de Murcia (POT) porque está dirigido a "promover" la explotación minera "a toda costa", salvo que esté "expresamente prohibida". En un comunicado, Anse ha señalado que este planeamiento no supone una ordenación de la actividad minera, ya que se limita a identificar posibles recursos, siendo una propuesta de "máximos" que carece "de toda lógica" y que ha sido concebida para contentar al sector.
Según esta organización ambientalista, los objetivos principales de este plan son legalizar las "frecuentes irregularidades" de muchas explotaciones mineras, que han sido "consentidas durante años" por las direcciones generales de Minas y de Medio Natural, así como promover el establecimiento de nuevas explotaciones mediante la identificación de nuevos recursos potenciales.
Anse ha censurado que el POT no llegue a realizar propuesta alguna de reducción, reordenación de canteras, ni de restauración o desafección de zona alguna afectada por la actividad minera, ya sea "legal o ilegal".
Para esta organización, el plan redactado por el Gobierno regional presenta "graves carencias", como la ausencia de alternativas basadas en análisis de demanda y fuentes alternativas de recursos y ubicaciones. Por ello, este planeamiento contravendría la Evaluación Ambiental Estratégica, la Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 y la Estrategia de Economía Circular.
Igualmente, Anse ha denunciado que las propuestas del POT parten de criterios "poco claros" que ocultan el proceso de toma de decisiones, pues se catalogan como “existentes” explotaciones activas o no. También habla de "adecuaciones”, que los ambientalistas consideran un "eufemismo" referido a legalizaciones; zonas ya explotadas o ampliaciones de zonas no transformadas y recursos “potenciales” explotaciones que ya se encuentran en trámite.
Por tanto, Anse ha indicado que el POT, que supone un "grave riesgo" para el medioambiente y la salud humana, "parece buscar" una tramitación paralela enfocada a resolver problemas legales y procedimentales de cada explotación.
Finalmente, la organización ambientalista ha solicitado la retirada de este plan y ha solicitado a los ayuntamientos que se posicionen en contra de una herramienta que pretende "imponerse" a la ordenación de los espacios naturales protegidos y al planeamiento urbanístico, "invadiendo" competencias municipales.
