La Comisión Europea aprobó este viernes un plan español de 350 millones de euros en ayudas a través del fondo de recuperación para promover la construcción de instalaciones de almacenes de electricidad, informó la institución en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario valoró que esta medida "contribuye a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, al mismo tiempo que ayuda a reducir la dependencia en los combustibles fósiles de Rusia y acelera la transición verde en línea con (la estrategia) Repower EU".
El esquema, que será financiado con fondos del programa Next Generation EU, estará operativo hasta junio de 2026 y busca "incrementar la tasa de energías de fuentes renovables", "disminuir la reducción deliberada de generación renovable de electricidad en momentos de sobreproducción" y "apoyar una operatividad segura del sistema eléctrico español".
El apoyo se canalizará a través de ayudas a la inversión para la construcción de instalaciones de almacenamiento de electricidad con una capacidad conjunta de aproximadamente 1.000 megavatios (MW) conectadas a las redes de trasmisión o distribución. La ayuda máxima por empresa beneficiaria será de 50 millones.
Bruselas destacó que los proyectos "serán seleccionados a través de procesos transparentes y no discriminatorios", así como que la concesión de los contratos tendrá lugar antes de que acabe 2024 y que las instalaciones seleccionadas tendrán que comenzar sus operaciones antes de que termine 2026 (excepto para aquellas de almacenamiento con plantas hidráulicas de bombeo, cuya actividad podrá comenzar en 2030).
Por otro lado, la Comisión Europea apuntó que el plan es "necesario y adecuado" para acelerar inversiones en este tipo de instalaciones y que además tiene un "efecto incentivo" porque los proyectos que reciban las ayudas "no se habrían desarrollado sin apoyo público".
Además, las autoridades comunitarias consideran que el esquema es "proporcionado", puesto que el nivel de ayudas "se corresponde con las necesidades efectivas de financiación e incluye las "salvaguardas necesarias" para limitar las ayudas a través de "procesos de subastas competitivos".
Por último, el análisis de la Comisión concluyó que los efectos positivos de la medida "compensan cualquier distorsión potencial de la competencia y el comercio en la Unión Europea"
