El Gobierno regional participa en la primera Cumbre Europea sobre Carbono Agrícola, ‘European Carbon Farming Summi’, que se celebra desde este martes y hasta el día 7 en Valencia. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, propuso como representante de la Comunidad Autónoma que “se compense económicamente a los agricultores por la captura del carbono”.
Se trata de un encuentro de alto nivel para configurar mercados y políticas sólidas de carbono. En este ámbito tan importante para la Región de Murcia, el foro ha supuesto un espacio en el que compartir conocimientos y experiencias, mejorar soluciones y permitir la multiplicación de acciones climáticas en toda la Unión Europea.
María Cruz Ferreira adelantó que la línea de trabajo en la Región de Murcia se encamina a que “los agricultores reciban una compensación por la captura de carbono que llevan a cabo sus cultivos, basándonos en los magníficos resultados en un proyecto LIFE ya existente, el LIFE Amdryc4 de la Región de Murcia, centrado en agricultura de secano. El objetivo final es conseguir que la Comunidad Autónoma cuente con un registro propio de emisiones y capturas de carbono”.
La secretaria autonómica desgranó detalladamente durante la cuarta sesión de la cumbre, sobre el nivel regional de las políticas europeas, estableciendo tanto las necesidades como la visión que desde las regiones se tiene de la agricultura de carbono. “Hemos avanzado en la propuesta de construir esquemas de cultivo de carbono a través de auténticos Living Labs, como asociaciones público-privadas que pueden sumarse al proyecto y por qué las iniciativas periféricas desde las regiones pueden contribuir al desarrollo de políticas europeas en este ámbito”.
Esta primera cumbre sobre la captura de carbono en el mundo agrícola abre caminos para prácticas resilientes al clima. Los expertos de primer nivel y líderes de opinión de toda Europa discuten la innovación y las oportunidades para la agricultura de carbono en lo que la propia Unión Europea ha definido como “un momento crucial en la búsqueda de la agricultura sostenible y la resiliencia climática. El Campo está luchando contra el cambio climático, y es momento ya de reconocer ese trabajo y revalidarlo con una aportación económica por esa labor climática que hace”.
El suelo es un almacén terrestre de carbono. Hasta el momento no se tenía en cuenta el carbono acumulado en el suelo agrario, ni como reductor para el cómputo de emisiones ni para los mercados voluntarios de carbono, en los que empresas pagan por secuestro de CO2 para compensar su huella climática. Hasta la fecha, en España el mercado voluntario de carbono sólo admitía la capacidad de absorción de CO2 de determinadas superficies forestales en las que, por ejemplo, ya se está trabajando desde la Región de Murcia.
“Por todo ello, con una metodología similar se trata ahora de poner este enfoque positivo, ya no solo desde la óptica de la producción de alimentos, sino por su consideración cómo sumideros de carbono, y además recibir ayudas por ello”, dijo María Cruz Ferreira. “Estamos esperando la detallada la regulación de la UE sobre el mercado de carbono agrario”, añadió.
La valorización del carbono forestal ya está en marcha desde hace años en la UE, a través de un mercado voluntario y de registros oficiales de derechos. En el caso del carbono agrario está por ver cuál es el modelo por el que se decanta Bruselas, y ahí la Región de Murcia quiere posicionarse y ver si será similar al carbono forestal o avanzarán por decantarse por otra metodología; si será por créditos de carbono generados o por pagos estimados por la cantidad de carbono que almacena la explotación.
Estudio de la rentabilidad
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) también participó en la reunión de la Cumbre. En ella, sus responsables pusieron en valor el trabajo que, de forma pionera, ha valorado y cuantificado la retención del carbono orgánico en el suelo en cultivos de secano, con la finalidad de que el agricultor pueda justificar la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y pueda acceder en un futuro a las ayudas de la política agraria europea o a través de bonos de carbono con entidades privadas.
El Imida será una de las entidades certificadoras de este tipo de prácticas, pues ha entrado a formar parte de un grupo estatal, un proyecto que impulsa la Unión Europea en su propósito para alcanzar sus ambiciosos objetivos de reducción de emisiones.
El estudio desarrollado por el Imida establece que la aplicación de compost y estiércol incrementa la materia orgánica en el suelo, representa una fuente de nutrientes para la producción agrícola y mejora las características agronómicas del suelo.
