La pobreza laboral en la Unión Europea ha aumentado en la última década y las recesiones económicas, como la asociada a la crisis de Covid-19, demuestran que los salarios mínimos dignos juegan un papel importante en la protección de los trabajadores con salarios bajos, ya que son más vulnerables.
Los negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo en junio sobre la propuesta de la Comisión Europea de normas para mejorar las condiciones de los salarios mínimos, y las nuevas normas serán votadas en septiembre.
Los eurodiputados esperan que las reglas supongan un crecimiento de los salarios en términos reales, eviten la competencia en materia de costes laborales en el mercado único y ayuden a reducir la brecha salarial del género. En la mayoría de los países, más del 60% de los trabajadores que perciben menos del 90% del salario mínimo son mujeres.
Los países de la UE tendrán que asegurarse de que su salario mínimo legal nacional permita un nivel de vida digno. Para evaluar su adecuación, podrán usar distintos indicadores como por ejemplo la comparación de los salarios mínimos legales con el nivel general de los salarios brutos, reconocido internacionalmente, del 60% de la mediana salarial bruta y el 50% del salario medio bruto, o el poder adquisitivo de los salarios mínimos.
Esto no significa que todos los países vayan a tener el mismo salario mínimo, ya que los países seguirán fijando su nivel de salario mínimo en función de las condiciones socioeconómicas, el poder adquisitivo, los niveles de productividad y la evolución nacional. Actualmente las diferencias salariales entre los países de la UE son notorias, y oscilan entre 332 euros brutos mensuales en 12 pagas en Bulgaria y 2.256 euros mensuales en Luxemburgo. En España el salario mínimo se sitúa en 1.166 euros brutos mensuales (14 pagas de 1.000 euros brutos). Esta disparidad entre países se debe, entre otros factores, a las diferencias en el nivel de vida.
