El Colegio de la Abogacía de Murcia (Icamur) denuncia la situación crítica y la extrema precariedad de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en el Día Internacional que se conmemora la existencia de estos derechos constitucionales, indican desde Icamur. Cada jornada de trabajo para los 918 letrados inscritos es indigna en sus condiciones mínimas indispensables y sitúan al servicio al borde del colapso.
En España, 42.500 profesionales de la abogacía de oficio, y cerca de 1.000 en el ámbito territorial del Colegio de la Abogacía de Murcia, se enfrentan día a día a situaciones cada vez más difíciles por el drama social que esconden.
Prestan ayuda al justiciable, más allá de su labor jurídica, adelantando medios con total inseguridad respecto a cuándo se va a percibir la remuneración por el trabajo previamente realizado, acudiendo -para poder conciliar- a la ayuda de familiares, saliendo a altas horas de la madrugada a defender al justiciable, y todo ello con una enorme responsabilidad.
“Por ese trabajo de asistencia percibirá la exigua cantidad de 81,14 euros, o la injusta cantidad de 72,12 euros si se trata de una asistencia a juicio rápido. No es entendible que tales cantidades no se hayan actualizado en profundidad desde hace casi 20 años. No es de recibo que se perciba por un juicio de familia de mutuo acuerdo 162 euros, o 270 euros por un procedimiento de familia contencioso, donde se defienden derechos tan complejos como la guarda y custodia, alimentos, uso de la vivienda familiar, etc.”, se asegura desde la Comisión de Turno de Oficio de Icamur.
Y en esta situación de extremada precariedad, las huelgas en el seno del sistema judicial, -señalan- otro gran olvidado por todos los gobiernos, ha agravado hasta asfixiar a los profesionales de la abogacía de oficio o no, y, por supuesto, a los ciudadanos, que no ven atendidos sus derechos en un tiempo ni siquiera mínimamente razonable, colapsando más de una exigua Administración de Justicia.
Desde Icamur, se insiste en que “cada vez son más las exigencias burocráticas en la tramitación de las solicitudes de justicia gratuita, más las actuaciones que deben realizarse en defensa del justiciable –en un gran número, no retribuidas-, mayor la discriminación en la remuneración de los profesionales dependiendo de que el servicio se preste en territorio Ministerio o en territorio con competencias trasferidas, más difícil la conciliación, más desolador el futuro con unas pensiones que, en su mayoría, no llegaran ni al mínimo de las jubilaciones no contributivas, mayor la inseguridad en las fechas de los pagos que adopta indebidamente la fórmula de “indemnización” sirviendo a los intereses del poder político, etc.”.
